Junta de Supervisión certifica presupuesto enmendado de Puerto Rico para el año fiscal 2026
El presupuesto revisado incluye $35 millones para rehabilitación de carreteras municipales, $90 millones adicionales para Educación y $33 millones para el Programa de Café.

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico certificó el presupuesto revisado del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2026, que concluye el 30 de junio de 2026, según anunció el organismo ese mismo día. El documento refleja ingresos del año en curso que no habían sido presupuestados anteriormente, como parte del proceso habitual de cierre fiscal.
La Junta certificó el presupuesto como uno de su propia elaboración luego de que la gobernadora y la Asamblea Legislativa no llegaron a un acuerdo sobre las condiciones que rigen el desembolso de fondos para el Plan de Rehabilitación de Carreteras Municipales, y tampoco aceptaron el marco alternativo propuesto por el organismo. El presupuesto revisado destina $35 millones a ese plan, conforme a un marco estructurado que toma en cuenta las millas de carreteras, el estado de estas y la capacidad de pago de cada municipio, e incluye notificación a la Asamblea Legislativa sobre las asignaciones propuestas.
Entre las partidas adicionales, el presupuesto aumenta en $222 millones la Reserva para la Estabilización de Tarifas, que ahora totaliza $683 millones bajo la custodia del Departamento de Hacienda. Esa reserva fue creada para estabilizar las tarifas eléctricas en virtud del Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.
El documento también asigna $90 millones adicionales al Departamento de Educación para atender obligaciones contraídas en periodos anteriores, incluyendo los servicios de Educación Especial, ante la incertidumbre de si el financiamiento aprobado para el año fiscal 2026 cubrirá esas deudas en su totalidad. Además, se destinan $33 millones al Programa de Café de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, programa que, según la Junta, enfrenta un déficit estructural que requerirá una proyección de ingresos y gastos a cinco años para evaluar su impacto en las prioridades futuras del Fondo General.
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