Miguel Romero le sale al paso a las alegaciones del PPD

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, rechazó las críticas del Partido Popular Democrático (PPD) sobre un alegado patrón fiscal negligente en el municipio. La legisladora y portavoz del PPD en la Legislatura de San Juan, Ingrid Colberg Rodríguez, y el secretario general de la colectividad, Manuel Calderón Cerame, denunciaron el domingo una emisión de bonos por $323.7 millones aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF, por sus siglas en inglés), de los cuales $209 millones se usarían para refinanciar deudas que datan desde 2007.

Para los líderes del PPD, el refinanciamiento «trasladará la carga y compromete a futuras generaciones de sanjuaneros». Calderón Cerame sostuvo que la acción de Romero Lugo «repite el patrón de administración fiscal negligente que llevó al gobierno central de Puerto Rico a la quiebra: endeudarse hoy, diferir el pago para el futuro». Por su parte, Colberg Rodríguez alegó que «los pagos anuales son menores porque el 60% de la deuda no se está pagando: se está aplazando», proyectando que en 2033 futuras generaciones enfrentarían un pago global de $123.9 millones.

Romero Lugo calificó las expresiones como incorrectas y enfatizó que el refinanciamiento fue «evaluado y autorizado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y por la Junta de Supervisión Fiscal, luego de un riguroso análisis técnico, legal y financiero». El alcalde explicó que se trata principalmente de un refinanciamiento de obligaciones previamente existentes bajo «condiciones financieras más favorables» que generaría aproximadamente $84 millones en ahorros proyectados en el servicio de la deuda.

«Este tipo de refinanciamiento constituye una práctica responsable y común en la sana administración pública y en el sector privado cuando permite mejorar la estructura financiera y reducir costos», argumentó Romero Lugo. El ejecutivo municipal subrayó que los ahorros representan «una reducción real en el costo del servicio de la deuda» que permitiría canalizar recursos hacia prioridades ciudadanas en lugar de intereses financieros.